La cámara declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria, por variación de costos o por cualquier otra forma de repotenciación de las deudas y determinó que los créditos laborales implicados deberían reajustarse por aplicación del Índice de Precios al Consumidor más un interés del tres por ciento (3%) anual.
Las demandadas dedujeron recursos extraordinarios y la Corte declaró inoficioso pronunciarse.
Recordó que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y que si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia el pronunciamiento deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir.
Consideró entonces la aplicación de las directivas fijadas en la ley 27.802, denominada "Ley de Modernización Laboral" y la operatividad de su artículo 55, en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme.
Finalmente, por aplicación de la doctrina establecida en el precedente "Peso" (Fallos: 307:2061) dejó sin efecto las decisiones recurridas y dispuso la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que se dicten nuevos fallos.
## Cómo citar Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y Otros s/Despido, CSJN, 05/11/2026, CNT 027766/2020/CS001.