Recurso Queja Nº 1 - Cuello, Guillermo Marcelo c/ Asociart S.A Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A s/Accidente - Ley Especial

La cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. 

La Corte dejó sin efecto esta decisión por considerar que el análisis de los votos no exhibía una coincidencia sustancial de opiniones sobre los fundamentos que daban apoyo a la decisión.

Recordó que, si bien lo referente al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias son, como regla, materias ajenas al recurso extraordinario federal, corresponde hacer excepción a ese principio cuando no existe mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución de la cuestión debatida, pues la validez de un fallo depende no solamente de que la mayoría convenga en la parte dispositiva, sino que también exhiba una sustancial coincidencia en los fundamentos.

En el caso, uno de los jueces precisó que el actor acudió a la comisión médica jurisdiccional, pero consideró que no correspondía habilitar la jurisdicción porque interpuso una demanda directa que no se encuentra prevista en la ley 27.348. Los otros dos jueces declararon la aptitud jurisdiccional sobre la base de argumentos disimiles y, a su vez, contradictorios. Uno de ellos en el entendimiento de que el procedimiento establecido en la ley mencionada es inconstitucionalidad y el segundo sobre la base de que, si bien el actor transitó el procedimiento administrativo previo y ese recaudo resultaba constitucionalmente válido, no prevé un control judicial suficiente y, además, el plazo fijado para la interposición del recurso judicial es inconstitucional. 

Señaló el Tribunal que las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales o aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas. Los votos que en apariencia sustentaban la decisión no guardaban entre sí la concordancia lógica y argumental que requieren los fallos judiciales afectando así la certeza jurídica de la sentencia entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción y las garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.