ARZANI, Nélida Alicia C/ SUAREZ, Pascuala y Otros S/ Sumarísimo (Interdicto de Recobrar y de Retener)

Cita

ARZANI, Nélida Alicia C/ SUAREZ, Pascuala y Otros S/ Sumarísimo (Interdicto de Recobrar y de Retener), Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa, Sala 3, 13/09/2017, Expte. Nº 20032/17 r.C.A., ID 30870.

Hechos y conflicto

La actora promovió interdicto de recobrar y de retener sobre un inmueble rural (Parcela 6, Lote 8, Sección XIX, Fracción D, Depto. Limay Mahuida) ocupado por la familia Suárez. El juez de primera instancia suspendió el proceso por aplicación de la Ley provincial 2222 (y sus prórrogas), que suspende desalojos de inmuebles rurales ocupados por familias indígenas u originarios o sus descendientes. La actora apeló, planteando la inconstitucionalidad de la Ley 2222 y de la Ley nacional 26.160, y sosteniendo que no se acreditó la pertenencia a pueblo originario ni la ocupación.

Cuestión y decisión

El tribunal debió resolver si correspondía mantener la suspensión del proceso por la Ley 2222 y si el juez había cumplido con el art. 2 de esa norma, que impone practicar de oficio información sumaria para acreditar pertenencia a pueblos indígenas y ocupación. La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso: mantuvo la suspensión, pero ordenó proseguir la información sumaria inconclusa, al no haberse acreditado la pertenencia a pueblo indígena u originario de los demandados (solo se probó la ocupación). Rechazó el planteo de inconstitucionalidad por falta de fundamentación suficiente. Costas de Alzada en el orden causado.

Doctrina y señales de favorabilidad

La Ley 2222 es de orden público y su art. 2 impone al juez el deber (no facultad) de practicar de oficio información sumaria acreditando tanto la pertenencia a pueblos indígenas u originarios como la ocupación, tenencia o posesión. El interdicto de recobrar que puede derivar en desalojo de inmueble rural en los departamentos alcanzados queda comprendido en la suspensión. El fallo favorece a los demandados ocupantes (mantiene la suspensión) pero condiciona su alcance a la prueba de pertenencia indígena, señal mixta: útil para quien invoca la Ley 2222, pero exige acreditar ambos extremos. El rechazo de la inconstitucionalidad por defecto de fundamentación perjudica a quien la plantea sin precisar artículos constitucionales vulnerados.

Tags

interdicto de recobrar; desalojo rural; Ley 2222 La Pampa; pueblos originarios; información sumaria; suspensión del proceso; inconstitucionalidad; orden público; costas en el orden causado; favorable parcial a demandados.