Arrascaeta, Rafael Carlos

[[p]]Ante el atraso en el cumplimiento de los plazos en obras públicas, la Administración no puede valerse de su potestad sancionatoria sino en casos justificados, donde, de acuerdo a la seriedad de la infracción, se imponga la aplicación de sanciones como la de multa o la más grave, de rescisión. En principio, la valoración de ese extremo compete a la Administración en ejercicio de su discrecionalidad administrativa…

Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.

Arrascaeta, Rafael Carlos, SAIJ, 08/04/1991, 91090026.