Campillay, Mario Alberto (a) Vieja y Diaz, Jose Daniel (profugo)

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: No especificado en el texto (ID SAIJ: FA05280053)
• Carátula: Campillay, Mario Alberto (a) Vieja y Díaz, José Daniel (Prófugo)
• Tribunal: Corte de Justicia de San Juan
• Sala/Instancia: 02 / S
• Fecha: 2005-05-24
• Jurisdicción: San Juan
• Fuero: Constitucional-Penal
• Ámbito: Local
• Magistrados: Soria Vega, José Abel; Caballero Vidal, Juan Carlos; Caballero, Adolfo
• URL: https://www.saij.gob.ar/corte-justicia-local-san-juan-campillay-mario-alberto-vieja-diaz-jose-daniel-profugo-robo-agravado-perjuicio-martin-paredes-cristian-agero-inconstitucionalidad-fa05280053-2005-05-24/123456789-350-0825-0ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

robo agravado, arma de fuego, aptitud para el disparo, ley 25.882, artículo 166 inc. 2 CP, interpretación judicial, inconstitucionalidad, prueba, carga de la prueba, peligro concreto, intimidación, San Juan, Corte de Justicia, 2005

Hechos y conflicto

El fallo analiza la constitucionalidad de la reforma del art. 166 inc. 2 del Código Penal por Ley 25.882. La norma distingue cuatro hipótesis de robo con armas con penas graduales: (1) arma no de fuego, (2) arma de fuego con aptitud acreditada, (3) arma de fuego cuya aptitud no puede acreditarse, (4) arma de utilería. La parte impugnante alegaba que la redacción vulneraba principios procesales al presumir la falta de aptitud del arma o imponer una prueba negativa.

Cuestión jurídica

Si el art. 166 inc. 2 CP reformado es constitucional, en particular si la expresión “cuya aptitud para el disparo no pudiera de ningún modo por acreditada” viola el principio de libertad probatoria o establece una presunción ilegítima.

Decisión y resultado

Rechazo de la declaración de inconstitucionalidad. La Corte sostiene que la norma no altera la libertad probatoria (art. 214 CPP) ni presume en abstracto la incapacidad del arma; la aptitud debe probarse concretamente y la falta de acreditación es carga de la acusación. El tribunal declara la constitucionalidad del precepto.

Parte favorecida: El Estado/acusación (al confirmar la validez de la norma que permite graduar la pena según el peligro real o la intimidación).
Parte perjudicada: El imputado que pretendía la inconstitucionalidad.

Doctrina / criterio relevante

• La capacidad funcional del arma debe ser probada en el proceso, no presumirse en abstracto.
• La carga de la prueba de la aptitud ofensiva recae sobre la acusación; ante duda, debe presumirse su inexistencia.
• El fundamento de la agravante varía según la hipótesis: peligro real (armas funcionales) vs. intimidación (armas sin aptitud o de utilería).
• La distinción legislativa es constitucional porque no afecta derechos procesales ni establece presunciones en contra del imputado.

Señales para favorabilidad

• Favorable a la defensa: La doctrina exige probar la aptitud del arma, lo que puede limitar la aplicación de la pena más grave si la acusación no acredita el poder ofensivo real.
• Desfavorable a la defensa: Rechaza la inconstitucionalidad de la norma, por lo que la graduación de penas según el tipo de arma sigue vigente; no se elimina la posibilidad de condenar por robo con arma aunque no se acredite la aptitud.
• Conclusión: MIXTO – útil para la defensa en casos donde el arma no se encuentra o no se prueba su funcionamiento; perjudicial si se busca invalidar la agravante por razones constitucionales.

Cita sugerida

CAMPILLAY, MARIO ALBERTO (A) VIEJA Y DIAZ, JOSE DANIEL (PROFUGO) – Corte de Justicia de San Juan, 24/05/2005 (ID SAIJ FA05280053). Disponible en: https://www.saij.gob.ar/...