Teyma Abengoa S.A. y Abengoa S.A. c/ M° de Economía - Sec. de Hacienda - Dir. Nac. de Impuestos s/ contrato obra pública

Cita

Teyma Abengoa S.A. y Abengoa S.A. c/ M° de Economía - Sec. de Hacienda - Dir. Nac. de Impuestos s/ contrato obra pública, Cám. Nac. Apel. Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 14/07/2026, exp. CAF 28.759/1995/CA3, ID SAIJ FA26100180.

Hechos y conflicto

Sentencia firme reconoció a las actoras un crédito por el contrato de obra pública SG 07-D (obra Salto Grande), consolidado bajo ley 23.982, con capital actualizado al 31/3/91 de $252.046,10 y 66% del crédito a su favor. El Estado Nacional suspendió el trámite administrativo de pago invocando insuficiencia documental, extravío de expedientes y la exigencia de nuevos Formularios de Requerimiento de Pago tras el decreto 331/2022 y la resolución 571/2022. La jueza intimó al Estado a arbitrar los medios para cancelar el crédito bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la justicia penal por desobediencia; el Estado apeló.

Cuestión y decisión

Se debatió si las circunstancias invocadas por el Estado justificaban la suspensión del trámite de cancelación de la deuda consolidada. La Cámara rechazó la apelación y confirmó la intimación, con costas (art. 68 CPCCN). Sostuvo que el carácter consolidado, el importe y el porcentaje del crédito quedaron fijados por cosa juzgada y no pueden revisarse en sede administrativa. El alcance se limitó a ordenar arbitrar los medios para el pago, sin definir modalidad ni tasa de interés.

Doctrina y señales de favorabilidad

La cosa juzgada y el principio de preclusión impiden que la Administración condicione el pago a la revisión de extremos ya decididos (prueba pericial, cuantificación, carácter consolidado); el control administrativo debe ejercerse compatiblemente con la sentencia. La doctrina de normas de consolidación de orden público (Fallos 320:1670, 332:979, 346:314) solo opera cuando la cuestión no fue debatida y decidida, lo que aquí no ocurre. El deber de buena fe y lealtad (art. 1 bis, inc. c, LNPA, ley 27.742) y la tutela judicial efectiva refuerzan el rechazo de recaudos dilatorios. Fallo favorable al acreedor frente al Estado incumplidor de sentencia firme.

Tags

obra pública; deuda consolidada ley 23.982; ejecución de sentencia; cosa juzgada; preclusión; decreto 331/2022; resolución 571/2022; desobediencia; rechazo apelación Estado; favorable al actor.