Defensor del Pueblo de la Nacion (SAIJ, 14/02/1997)

Datos de identificación y cita

Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III
Fecha: 14/02/1997
Magistrados: Guillermo Andrés Muñoz, Jorge Esteban Argento
ID SAIJ: FA97100000
URL: SAIJ
Jurisdicción: CABA | Fuero: Constitucional-Administrativo | Ámbito: Federal

Tags para análisis posterior

AMPARO TARIFAS TELEFÓNICAS COSA JUZGADA AUDIENCIA PÚBLICA AUTOLIMITACIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL JUDICIAL MEDIDA CAUTELAR ZONA DE RESERVA DE LA ADMINISTRACIÓN FAVORABLE AL AMPARISTA DESFAVORABLE AL ESTADO

Hechos y conflicto

El Defensor del Pueblo promueve amparo contra el Estado Nacional por el decreto 92/97, que modifica la estructura tarifaria del servicio telefónico sin celebrar la audiencia pública prevista en la Res. 381/95 del Min. de Economía (luego derogada por Res. 57/96). Alega incumplimiento de sentencias firmes ("Defensor del Pueblo" y "Adelco") que ordenaban realizar dicha audiencia antes de cualquier reestructuración tarifaria. El Estado apela la medida cautelar que suspendió el decreto, argumentando que: (i) la Res. 381/95 fue derogada antes de la demanda, (ii) la Res. 57/96 fue consentida, y (iii) la decisión invade la zona de reserva de la Administración.

Cuestión jurídica

Si el Estado Nacional puede incumplir sentencias firmes mediante actos administrativos que derogan la norma que les daba sustento, y si la fijación de tarifas está exenta de control judicial.

Decisión y resultado

Se confirma la medida cautelar que suspende el decreto 92/97. Resultado: favorable al amparista (Defensor del Pueblo/usuarios), desfavorable al Estado Nacional.

Doctrina / criterio relevante

La derogación de una norma reglamentaria no deja sin efecto sentencias firmes dictadas durante su vigencia; el acto derogatorio no puede aplicarse retroactivamente para eludir mandatos judiciales.
La autolimitación administrativa formalizada en un acto específico (Res. 381/95) crea un requisito esencial del procedimiento que la Administración debe respetar hasta su conclusión.
El consentimiento de actos particulares (art. 23, 24 LPA) no se aplica a actos de alcance general.
La zona de reserva de la Administración no excluye el control judicial sobre las tarifas; el Poder Judicial no puede ser excluido por norma inferior a la ley ni por acto administrativo.
"Sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni economía de mercado, ni protección de derechos individuales y colectivos."

Señales para favorabilidad

Favorable para quien invoque: necesidad de audiencia pública previa a modificaciones tarifarias; deber de cumplir sentencias firmes pese a derogación normativa; control judicial sobre actos administrativos que afecten derechos de usuarios.
Desfavorable para quien intente: modificar tarifas sin procedimiento preestablecido; derogar normas para eludir mandatos judiciales; excluir el control judicial invocando zona de reserva.

Cita sugerida

Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional s/ amparo – Ley 19.986, CNCivComFed, Sala III, 14/02/1997, ID SAIJ: FA97100000. Disponible en: https://www.saij.gob.ar/FA97100000

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.