F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel, Luna Medina Carlos Roque, Medina Roberto Mauro, Luna Amaya Lucas Enzo, Coria Muratore Luciano Andrés, Weiss Alonso Alejandro Exequiel s/ (SAIJ, 29/03/2023)

Datos de identificación y cita

Número/ID: FA23190054 (SAIJ)
Carátula: F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel y otros s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego
Tribunal: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 2
Magistrados: Day - Palermo - Llorente - Adaro - Gomez - Valerio - Garay Cueli
Fecha: 29/03/2023
Jurisdicción: Mendoza, Argentina
Fuero: Penal-Procesal-Constitucional
URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-450-0913-2ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

robo agravado arma de fuego prueba digital telefonía celular geolocalización derecho a la intimidad Ministerio Público Fiscal nulidades exclusión probatoria control jurisdiccional CN art. 18 CN art. 19 CPP Mendoza art. 229 favorable a acusación SAIJ

Hechos y conflicto

Causa por robo agravado con arma de fuego contra múltiples imputados. La defensa cuestionó la validez de pruebas obtenidas mediante solicitud fiscal directa a empresas de telefonía (listado de llamadas y geolocalización) sin orden judicial previa, alegando violación del derecho a la intimidad y garantías constitucionales.

Cuestión jurídica

¿Requiere orden judicial la solicitud del Ministerio Público Fiscal a empresas de telefonía para obtener registros de llamadas y geolocalización de líneas móviles en el marco de una investigación penal, o puede hacerlo directamente sin afectar garantías constitucionales?

Decisión y resultado

Mayoría (Dres. Day, Llorente, Gómez, Valerio, Garay Cueli): Confirma la validez de la prueba. La solicitud fiscal de informes telefónicos (listado de llamadas y geolocalización) no es equiparable a una intervención telefónica (art. 229 CPP) ni vulnera los arts. 18 y 19 CN. Es una "prueba informativa" que el Ministerio Público puede disponer directamente, siempre que existan motivos bastantes para vincular la línea con el hecho investigado y por período determinado.

Disidencia (Dr. Palermo): El acceso a información vinculada a comunicaciones afecta el derecho a la intimidad y requiere control judicial previo, con estándar similar al allanamiento domiciliario o intervención telefónica.

Resultado: Rechazo del planteo de nulidad. Prueba válida. Favorable a la acusación (Ministerio Público Fiscal).

Doctrina / criterio relevante

Distinción entre nulidades específicas y genéricas: Las primeras requieren sanción expresa legal; las segundas exigen perjuicio concreto (no procede nulidad por la nulidad misma).
Exclusión probatoria: Procede solo cuando la prueba se obtiene con violación de garantías constitucionales, no por meros defectos formales.
Prueba informativa vs. intervención telefónica: El listado de llamadas y geolocalización (torres de telefonía) no equivale a interceptar contenido de comunicaciones; su impacto en la intimidad es menor y no requiere orden judicial si hay investigación en curso, motivos bastantes y límite temporal.
Carga de las partes en sistema adversarial: Deben litigar las pruebas en audiencia; el juez no debe investigar de oficio.

Señales para favorabilidad

Favorable para el Ministerio Público Fiscal y la acusación en general al validar la obtención directa de datos telefónicos sin orden judicial.
Desfavorable para la defensa que pretenda excluir este tipo de prueba por falta de control judicial.
Mixto/parcial si se cuestionan medidas más intrusivas (acceso a contenido de dispositivos): la disidencia de Palermo y el voto de Adaro sugieren que para datos almacenados en celulares o computadoras sí se requiere orden judicial fundada.
No relacionado si el caso trata de interceptación de comunicaciones en tiempo real (art. 229 CPP) o allanamientos; aquí la distinción es clave.

Cita sugerida

F. c/ Almonte Sánchez, Luciano Emanuel y otros s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego, Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 2, 29/03/2023, ID SAIJ: FA23190054, disponible en https://www.saij.gob.ar/123456789-450-0913-2ots-eupmocsollaf

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.