G., B. C. y otros c/ Algaze, Adriana Gabriela y otros s/

Datos de identificación y cita

• Carátula: G., B. C. y otros c/ Algaze, Adriana Gabriela y otros s/ daños y perjuicios (resp. prof. médicos y aux.)
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K
• Magistrados: Silvia Patricia Bermejo, Lorena Fernanda Maggio
• Fecha: 30/05/2025
• Fuente: SAIJ – ID FA25020699
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-996-0205-2ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

materia: daños y perjuicios - responsabilidad médica contingencia: competencia hechos clave: muerte por mala praxis en hospital público provincial normas: art. 166 Const. PBA, arts. 1 y 2 Ley 12.008, art. 354 inc. 1 CPCC, arts. 8 y 25 CADH doctrina: presunción de función pública, deber de remitir para acceso a justicia resultado: confirmación de excepción de incompetencia parte favorecida: demandado (Estado provincial) parte perjudicada: actor fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Reclamo por daños y perjuicios por muerte del padre de la actora atribuida a presunta mala praxis médica en un hospital perteneciente a la Provincia de Buenos Aires. Se demandó al hospital y sus directivos. La demandada opuso excepción de incompetencia por tratarse de materia contencioso administrativa.

Cuestión jurídica

Determinación de la competencia: ¿corresponde a la justicia civil o a la contencioso administrativa bonaerense?

Decisión y resultado

Se confirma la decisión de primera instancia que admitió la excepción de incompetencia. Se ordenó el archivo de las actuaciones en sede civil, con el deber del juez de remitir las actuaciones al Departamento Judicial competente para continuar el trámite por la vía contencioso administrativa.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia se fija por los términos de la demanda y el derecho invocado, con prescindencia de las defensas.
• La actividad de los sujetos provinciales/municipales se presume realizada en ejercicio de función pública (art. 2 inc. 4 Ley 12.008), rigiendo el derecho administrativo incluso cuando se apliquen normas de derecho privado.
• El juez debe remitir las actuaciones oficiosamente para evitar dispendios y garantizar el acceso a la justicia (arts. 8 y 25 CADH).

Señales para favorabilidad

DESFAVORABLE para el actor (pierde competencia en sede civil, debe litigar en contencioso administrativo). FAVORABLE para el demandado (logra que se declare incompetente el tribunal civil). MIXTO según la posición procesal que se analice. El criterio sobre presunción de función pública puede ser usado por la defensa en casos similares contra entes provinciales.

Cita sugerida

G., B. C. y otros c/ Algaze, Adriana Gabriela y otros s/ daños y perjuicios – CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, Sala K – 30/05/2025 – SAIJ FA25020699.