Gonzalez, Justiniano c/ Gobierno de la Provincia de Formosa s/ (SAIJ, 14/03/2011)

Datos de identificación y cita

Número / Expediente: Nº 193 - Fº Nº 33 - Año 2002
Carátula: GONZALEZ, JUSTINIANO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA s/ ORDINARIO
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE FORMOSA
Sala / Instancia: S (Plenario)
Fecha: 14/03/2011
Jurisdicción: Formosa
Fuero: CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Ámbito: LOCAL
Magistrados: HANG, Eduardo Manuel; GONZÁLEZ, Carlos Gerardo; TIEVAS, Héctor; COLL, Ariel Gustavo; CANAVESIO, Lucrecia Marta
Fuente: SAIJ - ID FA11250035
URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-530-0521-1ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

Materia: Ordinario (Contencioso Administrativo)
Contingencia: Privatización / Transferencia de personal / Estabilidad del empleado público / Actos propios
Hechos clave: Empleado público transferido a concesionaria privada; silencio y prestación de servicios por 5 años sin reclamo; reclamo tardío (2000); notificación del decreto de baja en 2001
Normas citadas: Ley Nacional 23.696 (Reforma del Estado); Leyes Provinciales 888 y 1.142; Código Civil arts. 1078, 4030; Constitución Provincial (estabilidad); CPCyC art. 68
Doctrina: Teoría de los actos propios; consentimiento tácito por conducta incompatible; estabilidad del empleado público no es absoluta ante privatización legal
Resultado: Rechazo total de la demanda
Parte favorecida: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA (demandado)
Parte perjudicada: JUSTINIANO GONZALEZ (actor)

Hechos y conflicto

Justiniano Gonzalez, empleado de planta permanente de AGOSF (categoría 14 I-8), fue transferido a la empresa concesionaria Aguas de Formosa S.A. el 01/12/1995, en el marco de la privatización del servicio de agua potable (Ley 1.142/95). Prestó servicios para la empresa privada sin objeción hasta el 31/12/1996 (despido). Recién el 23/11/2000 inició reclamos ante la Administración Pública reclamando su condición de empleado público. El 29/10/2001 tomó conocimiento del Decreto N° 1.058/97 (que disponía su baja retroactiva al 01/12/1995) e interpuso recurso de revocatoria. Demandó la nulidad del decreto y daños y perjuicios ($50.000 daño moral + indemnización sustitutiva). El Estado Provincial contestó tardíamente, oponiendo falta de legitimación y teoría de actos propios.

Cuestión jurídica

Determinar si el actor mantuvo su condición de empleado público pese a la transferencia a la empresa concesionaria, si consintió dicha transferencia, y si corresponde la nulidad del Decreto 1.058/97 y la indemnización reclamada.

Decisión y resultado

RECHAZO TOTAL DE LA DEMANDA (unanimidad). Eximición de costas a la actora (art. 68, último párrafo, CPCyC), cargándose en el orden causado. Regulación de honorarios profesionales.

Doctrina / criterio relevante

Teoría de los actos propios: Quien conociendo su transferencia a una empresa privada presta servicios sin objeción durante 5 años, no puede luego pretender desconocer su nueva situación laboral ni invocar error o falta de consentimiento.
Consentimiento tácito: El silencio prolongado y la conducta de aceptar órdenes y remuneración del concesionario equivalen a consentimiento de la transferencia, extinguiendo el vínculo de empleo público.
Estabilidad del empleado público no es absoluta: En procesos de privatización legal, la estabilidad se traslada al concesionario, quien asume la obligación de garantizarla. El actor debió reclamar al concesionario su derecho, no al Estado.
Reclamo extemporáneo: La desvinculación laboral se consumó al cesar la relación con el concesionario (1996); reclamar 4 años y 10 meses después impide prosperar la acción.
Falta de perjuicio: La nulidad del decreto no procede si el actor consintió la desvinculación, y los daños (material y moral) no se presumen cuando el propio afectado provocó su situación.

Señales para favorabilidad

DESFAVORABLE para empleados públicos transferidos en privatizaciones que no reclaman oportunamente.
FAVORABLE para el Estado Provincial/empleador en litigios por estabilidad laboral ante privatizaciones legales.
Indicios clave: plazo de 5 años de silencio del actor; inexistencia de reclamo al concesionario; falta de prueba de perjuicio; aplicación de teoría de actos propios.

Cita sugerida

GONZALEZ, JUSTINIANO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA s/ ORDINARIO, Superior Tribunal de Justicia de Formosa, 14/03/2011, Nº 193 - Fº Nº 33 - Año 2002, ID SAIJ: FA11250035. URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-530-0521-1ots-eupmocsollaf

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.