Maraya S.A. c/ E.N. (Min. del Interior- Policía Federal) s/

Datos de identificación y cita

• Fuente: SAIJ
• ID: FA95100754
• Carátula: Maraya S.A. c/ E.N. (Min. del Interior- Policía Federal) s/
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I
• Magistrados: Buján, Coviello
• Fecha: 02/10/1995
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Procesal (ámbito federal)
• Materia: Contrato administrativo
• URL: https://www.saij.gob.ar/123456789-457-0015-9ots-eupmocsollaf

Tags para análisis posterior

• Materia: Contrato administrativo
• Contingencia: Ejecución de sentencia – Consolidación de deudas
• Hechos clave: Decreto 483/95 deroga art. 4° decreto 1639/93 sobre facultad judicial de suscribir requerimientos de pago
• Normas: Ley 23.982; Decretos 1639/93, 483/95; CPCCN arts. 37, 511, 512, 513
• Doctrina: Poderes conminatorios del juez no se limitan por reglamento administrativo
• Resultado: Reafirmación de facultades judiciales
• Parte favorecida: Acreedor que busca cumplimiento forzoso
• Parte perjudicada: Ente deudor público
• Fuente: SAIJ FA95100754

Hechos y conflicto

La demanda versó sobre un crédito consolidado según ley 23.982. El decreto 483/95 dejó sin efecto el art. 4° del decreto 1639/93, que autorizaba a los jueces a suscribir requerimientos de pago ante demora del ente deudor. El tribunal debía determinar si esa derogación afectaba sus poderes para hacer cumplir la sentencia.

Cuestión jurídica

Si la derogación del decreto 1639/93 recorta las facultades del juez para ejecutar sentencias contra el Estado en proceso de consolidación de deudas.

Decisión y resultado

El tribunal sostuvo que la derogación no modifica los amplios poderes de los jueces para obtener el cumplimiento de sus sentencias, incluyendo sanciones conminatorias del art. 37 CPCCN. Fallo favorable al ejecutante (acreedor).

Doctrina / criterio relevante

• El art. 4° del decreto 1639/93 era una reglamentación del art. 512 CPCCN (facultad de suscribir escritura en reemplazo del deudor), pero no recorta los restantes poderes de los arts. 511 y 513 CPCCN ni las astreintes del art. 37 CPCCN.
• La derogación de dicha norma reglamentaria no afecta las potestades judiciales inherentes para ejecutar sentencias.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para el acreedor que busca cumplimiento forzoso de una sentencia contra un ente público, especialmente si hay demora.
• DESFAVORABLE para el Estado deudor o ente público que pretenda limitar la coerción judicial bajo el argumento de que el reglamento fue derogado.
• NO RELACIONADO para cuestiones que no involucren consolidación de deuda o poderes conminatorios del juez.

Cita sugerida

Maraya S.A. c/ E.N. (Min. del Interior- Policía Federal) s/, CNACAF, Sala I, 02/10/1995 (ID SAIJ: FA95100754). Disponible en: https://www.saij.gob.ar/123456789-457-0015-9ots-eupmocsollaf.