PUCCIO, Arquímides

Datos de identificación y cita

• Fuente: SAIJ | ID: FA95060026
• Carátula: PUCCIO, Arquímides
• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I
• Fecha: 10/03/1995
• Jurisdicción: C.A.B.A. | Fuero: Constitucional-Penal | Ámbito: Nacional
• Magistrados: Tozzini, Rivarola; Donna (disidencia)
• URL: SAIJ - FA95060026

Tags para análisis posterior

materia: constitucional-penal contingencia: prisión preventiva - plazo fijo vs. razonable hechos clave: Ley 24.390, arts. 1 y 2 - plazo rígido 2+1 años normas: art. 7.5 CADH; arts. 1 y 2 Ley 24.390 doctrina: razonabilidad del plazo es función judicial resultado: declaración de inconstitucionalidad parte favorecida: imputados (principio pro reo) parte perjudicada: Estado/Legislador fuente: SAIJ

Hechos y conflicto

Se impugna la constitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley 24.390, que fijan un término máximo fijo de dos años (extensible a tres) para la prisión preventiva. La norma se presenta como reglamentaria del art. 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica, pero sustituye el estándar de "plazo razonable" por un término rígido y común a todos los procesos, sin atender a la entidad de los hechos ni a las circunstancias concretas del caso.

Cuestión jurídica

¿Es constitucional que la ley fije un plazo fijo y uniforme de prisión preventiva, en lugar de dejar a los jueces la valoración de la razonabilidad del plazo según cada caso?

Decisión y resultado

El tribunal declaró inconstitucionales los arts. 1 y 2 de la Ley 24.390, por violar el art. 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica (incorporado a la Constitución Nacional). La mayoría (Tozzini, Rivarola) sostuvo que la ley invade la función judicial al reemplazar la razonabilidad por un tiempo predeterminado. Donna disintió.

Doctrina / criterio relevante

• La razonabilidad del plazo de prisión preventiva es una cuestión judicial exclusiva, que debe evaluarse según la entidad del hecho, la conducta procesal y las circunstancias de cada caso.
• Un plazo legal rígido, sin consideración de la significación ético-social del delito, es incompatible con el art. 7.5 CADH y con la jurisprudencia de la CSJN.
• El tribunal tiene el deber de examinar oficiosamente la constitucionalidad de las leyes cuando advierten contradicción con la Constitución o tratados con jerarquía superior.

Señales para favorabilidad

• Favorable para un imputado que cuestione la aplicación de plazos fijos de prisión preventiva, argumentando que debe evaluarse caso por caso.
• Desfavorable para el Estado o fiscal que intente aplicar la Ley 24.390 como límite rígido para denegar la libertad.
• Mixto si se analiza desde la posición del juzgador: reafirma el control judicial sobre plazos legales.
• No relacionado si el caso no involucra prisión preventiva ni el estándar de razonabilidad del art. 7.5 CADH.

Cita sugerida

PUCCIO, Arquímides, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I, 10/03/1995, causa 44.273, FA95060026, SAIJ.